POR FUERA DEL CAMINO
Siempre la figura del ministro de Trabajo de Santa Cruz, Teodoro “Lalo” Camino, estuvo rodeada de contradicciones, dudas, denuncias y conflictos. También, hace años que se viene comentando que el funcionario de Alicia Kirchner se siente más cómodo con los grandes empresarios -y negociados-, que con las pymes y los trabajadores.
En las últimas semanas comenzó a circular con fuerza una versión que indica que el titular de la cartera de trabajo de Santa Cruz estaría filtrando información reservada de su Ministerio a diferentes empresarios de la provincia para que estos puedan actuar y frenar las denuncias que los trabajadores y los gremios efectúan contra ellos en el organismo. Además, esas voces aseguran que el ministro manipula la aplicación de multas y conciliaciones obligatorias para permitir que los empresarios obtengan ventajas a la hora de negociar una salida de los conflictos que enfrentan.
Estas expresiones son claras y deben investigarse. No es la primera vez que Teodoro Camino está envuelto en acciones más que cuestionables y denuncias judiciales. A todo esto, debemos sumar la falta de resolución ministerial a los graves problemas que atraviesan los trabajadores santacruceños. Desde el Ministerio de Trabajo provincial demuestran poco interés a la hora de solucionar los conflictos laborales que se multiplican a lo largo y ancho de la provincia. De esto último, sobran ejemplos: el maltrato que sufrieron los choferes de empresas de transporte afectados al servicio de personal de las represas, el conflicto que mantuvieron los estibadores con las empresas Murchison y Sueños Unidos en Puerto Deseado, y la falta de participación y presencia en los conflictos que mantuvieron los trabajadores de YCRT durante la gestión macrista dejando desamparados a trabajadores santacruceños que sufrieron durante los años de gobierno de Cambiemos un embate feroz en perjuicio de derechos adquiridos.
Sobran razones que permiten afirmar que Teodoro Camino como ministro de Trabajo hace muy poco para cumplir con la función encomendada por la gobernadora Alicia Kirchner al nombrarlo. Esta actitud deja al trabajador en total abandono por parte del Estado. De esto último tenemos un ejemplo claro en Las Heras, donde Rafael Herrera a cargo de la secretaría de trabajo de la delegación de dicha localidad discriminó por cuestiones políticas e ideológicas a un grupo de desocupados que acampaban pidiendo trabajo.
La sociedad santacruceña debería exigir al ministro que honre sus obligaciones y haga cumplir la ley para que las empresas operadoras de áreas de exploración y explotación de hidrocarburos, minería y pesqueras lleven adelante el 70/30. ¿Qué negocios existen entre el poder político y el empresarial para que esto no suceda? ¿En qué piensa Camino a la hora de aplicar o no la ley?
Por último, vale recordar que el titular de la cartera de trabajo provincial tiene en su haber varias denuncias de las que logró «zafar» o no se le encontraron delitos comprobables. Podemos citar algunas, como la realizada por la Cámara de Comercio de Las Heras quien lo acusó de incumplimiento de deberes de funcionario públicos y competencia desleal cuando Camino era intendente, o la que le realizaron varios concejales de Las Heras por malversación de caudales y defraudación administrativa. También pesan sobre sus hombres de máxima confianza denuncias serias, como la que tiene su mano derecha, Lahrense Oscar Arbe, que fue designado irregularmente en la Subgerencia de YCRT desde donde realizó contrataciones millonarias violando los procedimientos.
El camino de Teodoro tiene demasiadas sombras, que en los últimos años se fueron agrando. Por lo menos, eso es lo que dicen mucho que lo conocen en el Ministerio. (Fuente: La Prensa de Santa Cruz)
